Seguridad y protección para los defensores ambientales de las comunidades indígenas

Para conservar la biodiversidad del planeta es indispensable y urgente garantizar la seguridad de quienes se han transformado en sus defensores, de quienes habitan los territorios naturales y de quienes advierten de las consecuencias del avance de aquellas actividades que amenazan la existencia de miles de especies de flora y fauna.

Precisamente, ese es el objetivo de la meta 22 del Marco Mundial Kunming Montreal, aprobado en 2022 durante la Conferencia de Biodiversidad (COP15). Allí se plantea la participación y representación plena de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones, y su acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, pero también que todo esto ocurra “asegurando la protección plena de los defensores de los derechos humanos ambientales”.

Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), asegura que América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor biodiversidad y es precisamente allí donde se concentra actualmente el accionar de los crímenes ambientales por parte de grupos organizados. “Por eso es nuestra región la que viene liderando, en distintos escenarios internacionales, las discusiones para que estos temas se instalen en la agenda”, señala.

Para Schulmeister, es necesario aprovechar los avances tecnológicos y la inteligencia artificial para combatir los crímenes ambientales, entre los que destaca la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de flora y fauna. “La tecnología debe estar incorporada en el sector público, en los estados y en los organismos multilaterales. Temas como la georreferenciación espacial y las imágenes satelitales, potenciadas por la inteligencia artificial, resultan fundamentales para tener un mapeo de cómo hoy nuestro planeta está sufriendo por los crímenes ambientales y pensar en acciones para combatirlos”, dice.